El proyecto del Centro de Acopio Lechero, que tuviera un costo de 8 millones de pesos, lleva dos años paralizado debido a que el gobierno del Estado aún no llega a un acuerdo con la empresa compradora del lácteo, explicó el presidente de la Asociación Ganadera de Las Choapas, Mario García Enríquez
Estancado se encuentra el proyecto del Centro de Acopio lechero que iniciaran mediante gestiones los ganaderos del municipio mediante sus asociaciones. La obra, que tiene un valor de 8 millones de pesos, no ha podido echarse a andar por problemas con la comercialización del producto.
El proyecto incluye contenedores capaces de almacenar 35 mil litros de leche al día, la construcción de un laboratorio especializado, y tres tanques contenedores, dos de 10 mil litros y uno más de 15 mil. En esta obra el gobierno federal aportó el 63 por ciento, con 5 millones de pesos, y el gobierno del Estado el 27 por ciento con 3 millones de pesos.
Sin embargo, pese a la enorme inversión, el Centro de Acopio Lechero que beneficiaría a miles de ganaderos, no solo de éste, sino de municipio cercanos como Minatitlán, Moloacán o Agua Dulce, lleva dos años detenido porque no se ha podido llegar a un acuerdo con la empresa que se encuentra interesada en la compra del producto.
“El precio que ofrecen es muy bajo y para que le convenga al ganadero debe ser más alto, para que lo vean más atractivo que lo que paga el quesero, porque las medidas de higiene que se requiere pera venderle a la empresa son mayores”, expone García Enríquez
Además existe un faltante, es decir, el laboratorio aún no ha sido construido ya que el gobierno del Estado había ofrecido asumir el costo del laboratorio, alrededor de 700 mil pesos, pero hasta el momento éste no ha sido construido, ya que los representantes argumentan que no existen fondos suficientes.
Incluso los ganaderos aseguran que ellos podrían correr con el gasto que implica la construcción del laboratorio, pero la razón primordial por la que se encuentran estancados es porque no se concretan las negociaciones entre el gobierno del Estado y la empresa compradora.